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Reunión 23 de junio

El riesgo de redactar defectuosamente un contrato lo soporta la parte que lo redactó.

La Cámara de Apelaciones de Azul confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a la aseguradora demandada a indemnizar al actor asegurado, por el daño material y moral derivado del incumplimiento del contrato de seguro.

La demandada alegaba que el siniestro estaba excluido de la cobertura. El Tribunal, aplicando la ley de Defensa del Consumidor, consideró que, si bien el contrato de seguro debe interpretarse literalmente en los supuestos que la cobertura está expresada claramente, en caso de que esto no suceda, la cláusula de cobertura debe interpretarse en el sentido más favorable para el consumidor –asegurado, porque “es el asegurador quien debe asumir los riesgos de una defectuosa declaración, debiendo estarse por el reconocimiento de la obligación del mismo, no solo porque dicha parte redactó las condiciones del contrato, sino porque está en mejores condiciones que el asegurado para fijar con precisión y de manera indubitada la extensión clara de sus obligaciones.

TEXTO COMPLETO DEL FALLO.

Así lo resolvió la Sala I, en los autos "FERRARI, BERNABE ANTONIO C/ LA MERCANTIL ANDINA S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO".

El actor demanda a “La Mercantil Andina S.A.” pretendiendo se condene a ésta a cumplir con los términos del contrato de seguro por accidentes personales que oportunamente suscribiera con la accionada y a indemnizar los daños y perjuicios derivados del incumplimiento.

Sostiene que con fecha 19.10.2007 contrató con la demandada un seguro por accidentes personales que tendría vigencia desde el día 25.11.07 hasta el día 25.03.08. Agrega que el día 21.02.08., oportunidad en que en su carácter de chofer de remises se encontraba conduciendo un rodado que en ese momento se encontraba detenido, fue embestido desde atrás por otro vehículo, lo que a su vez hizo que su automotor colisionara con el que estaba detenido delante de él.

Relata que producido el accidente fue atendido en el Hospital Santamarina y derivado a un traumatólogo para la continuidad del tratamiento, y que si bien denunció el siniestro ante la aseguradora y le remitió una carta documento ésta rehusó hacerse cargo de las prestaciones comprometidas en el contrato.

Reclama el reembolso de las erogaciones ya efectuadas, el pago de las erogaciones –intervenciones quirúrgicas- presupuestadas para su recuperación, el lucro cesante derivado de la incapacidad producida por el accidente y el daño moral derivado del incumplimiento contractual.

La demandada considera que las lumbalgias y/o hernias están excluidas de los riesgos cubiertos por la póliza y, por otra parte, afirma que el daño moral reclamado no integra el catálogo de las prestaciones comprometidas en el contrato de seguro.

En primera instancia se hace lugar a la demanda condenando a la aseguradora a abonar al actor la suma de $ 172.500, con más los intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente durante los distintos períodos de aplicación, desde la fecha de la mora (06.06.2008) y hasta el efectivo pago.

Esto es apelado por la demandada y, en la Alzada, el vocal preopinante es el Dr. Emiliozzi quien, por empezar, se ocupó de analizar la aplicación al caso de la ley 24.240, de Defensa del Consumidor.

Al respecto, luego de citar doctrina y jurisprudencia pertinentes, consideró que si bien la ley 24.240 resulta aplicable al contrato de seguro, debe tenerse en cuenta que “en el ámbito del contrato de seguro no constituyen cláusulas abusivas las que definen, por condición particular predispuesta, la materia u objeto contractual, pues ellas importan siempre una delimitación del riesgo, instituto ajeno, extraño y distinto a la de las cláusulas limitativas de responsabilidad.”

En ese sentido, recordó jurisprudencia de la Suprema Corte bonaerense según la cual según la cual “el contrato de seguro debe interpretarse literalmente en los supuestos que la cobertura está expresada claramente, no siendo posible otorgarle una interpretación extensiva, toda vez que la enumeración de los riesgos y la extensión de la cobertura deben apreciarse restrictivamente.”

Ahora bien, “la doctrina expuesta es aplicable en los supuestos en los que “la cobertura está expresada claramente”. Caso contrario, y como bien lo señaló el “a quo”..., el sentenciante debe emprender una tarea de interpretación del contrato en el que resultan de aplicación los arts. 1198 del Código Civil, 217 a 219 del Código de Comercio y 37 de la ley 24240, por lo que debe tomarse en consideración la buena fe, lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender obrando con cuidado y previsión, el contexto general del contrato, los usos y costumbres y la protección del consumidor. En relación a esto último, menciona el magistrado de la anterior instancia -con toda razón- que en caso de duda es el asegurador quien debe asumir los riesgos de una defectuosa declaración, debiendo estarse por el reconocimiento de la obligación del mismo, no solo porque dicha parte redactó las condiciones del contrato, sino porque está en mejores condiciones que el asegurado para fijar con precisión y de manera indubitada la extensión clara de sus obligaciones...”

Analizando la cláusula de cobertura del caso de autos, el camarista coincide con el juez de primera instancia en que “la situación del actor encuadra dentro de la propia definición de lo que sería el riesgo cubierto en general”. Ello es así pues...en el segundo párrafo de la cláusula bajo análisis se definió como “accidente” a “toda lesión corporal que pueda ser determinada por los médicos de una manera cierta, sufrida por el Asegurado independientemente de su voluntad, por la acción repentina y violenta de o con un agente externo.” Sin lugar a dudas, dentro de esos conceptos amplios empleados en la relación de la cláusula (“toda lesión corporal...sufrida por el asegurado... por la acción repentina y violenta de o con un agente externo”) quedan comprendidas tanto las dolencias que aquejaron al actor como consecuencia de la colisión, como la colisión misma.”

Por otra parte, “como bien lo observaron el anterior sentenciante y el Sr. Fiscal General, el tercer párrafo de la norma parece estar orientado a aclarar algunas situaciones que prima facie podrían parecer dudosas, afirmando inicialmente que ellas “también” serán consideradas como accidente. En lo que ahora interesa, la cláusula en cuestión menciona las “luxaciones articulares y distenciones, dilaceraciones y rupturas musculares, tendinosas y viscerales (excepto lumbalgias, várices y hernias) causadas por esfuerzo repentino y evidentes al diagnóstico”. De modo que esta frase está indicando que la cobertura se extiende a ciertas lesiones -articulares, musculares, tendinosas y viscerales causadas no ya por un agente externo sino por el “esfuerzo repentino del asegurado”, salvo que ello derive en lumbalgias, várices y hernias, en cuyo caso no se cubren.

Obsérvese que una interpretación distinta de la cláusula bajo análisis conduciría a que por aplicación del tercer párrafo se excluyeran del seguro ciertos riesgos que –como bien lo señaló el “a quo”- encuadran perfectamente dentro de la definición de accidente que proporciona el segundo párrafo. Sin lugar a dudas este no es el espíritu del tercer párrafo, el que tiene por evidente propósito extender la cobertura a situaciones que de otro modo podrían resultar dudosas, tal como se desprende de sus primeras palabras, en especial por la utilización del adverbio de modo “también” (“Se considera también como accidente...”).”

Por lo tanto, “no cabe sino concluir como lo hizo primera instancia que las

“lumbalgias, várices y hernias” sólo quedan excluidas de la cobertura cuando fueren causadas por un esfuerzo repentino del propio asegurado. En los restantes casos –como es el que nos ocupa –dichas patologías quedan incluidas en la cobertura.”

Respecto del agravio referido a la procedencia del daño moral, el magistrado destacó que “la circunstancia de que el presente reclamo se inscriba en la órbita de la responsabilidad contractual no es obstáculo para la procedencia de otros rubros distintos a la prestación comprometida en el contrato.”

En ese sentido, recordó que “en recientes precedentes de esta Sala se ha hecho lugar al daño moral en supuestos de incumplimientos de compañías aseguradoras frente al propio asegurado o beneficiario, con sustento en el art. 522 del Código Civil, en el marco de seguros de vida...”

En el caso concreto de autos, “el incumplimiento de la aseguradora ha sido absoluto, e inclusive en la propia contestación de demanda ha quedado evidenciado que el mismo se debió a que aquélla consideraba que el siniestro no se encontraba comprendido en la póliza.”

Siendo compartido este criterio, se resolvió confirmar la sentencia de primera instancia.

Dr. Jorge Oscar Rossi