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consejodirectivo

Postura del CAyPN sobre proyecto de ley de reforma a los plazos procesales penales

 

Estimado Colega:

   En virtud de haber tomado conocimiento de un proyecto de ley por el cual se persigue prorrogar los plazos de aquellas causas judiciales en trámite que habían sido iniciadas bajo el régimen procesal penal anterior (ley 1677) y que por la ley 2891 contaban con "un plazo de dos (2) años para su adecuación al nuevo proceso y finalización de los mismos" (artículo 56 ley 2891), el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén manifiesta:

(i) Que el 'juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso' que nos asegura como garantía para todos los ciudadanos el artículo 18 de la constitución nacional resulta abarcativo también de las leyes procesales en vigencia, que son precisamente las que regulan ese 'juicio previo'.

(ii) En tal sentido, la propia ley procesal penal de nuestra provincia previene en su artículo 22 que las normas procesales no pueden tener efecto retroactivo.

(iii) Que la garantía constitucional citada hace que toda modificación que se produzca sobre la normativa infraconstitucional sólo puede resultar en beneficio, pero nunca en perjuicio de quienes están siendo enjuiciados dentro de sus términos.

(iv) Que en consecuencia, una postergación legal de los tiempos de fenecimiento del proceso penal nunca puede resultar aplicable a esos procesos que ya se encuentran en trámite bajo la regla legal previa y que caducan necesariamente con fecha 14 de enero de 2016, incluyendo la actividad recursiva que el artículo 56 ley 2891 no excepciona ni deja al margen de la regla.

(v) Si se decidiese tal postergación se estaría agravando -mediante una ley posterior- las condiciones procesales y sustanciales de aquellas personas a quienes en la actualidad se está enjuiciando bajo un determinado sistema legal.

Que como consecuencia de lo dicho, este Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén afirma que el proyecto en tratamiento afecta principios y garantías que protegen a los ciudadanos y que su eventual sanción lamentablemente generaría una clara situación de inconstitucionalidad por ley posterior más gravosa.- 

 

Atentamente,  CONSEJO DIRECTIVO.