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consejodirectivo

Presentación del dictamen sobre el Anteproyecto del Código Procesal Unificado

Señor Presidente,
Comisión Interpoderes
para la Reforma Procesal Penal y Civil
de la Provincia del Neuquén
________________________________

De nuestra consideración:

                                 

El Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de la primera circunscripción judicial de la provincia del Neuquén presenta por escrito, ante vtro. requerimiento, el resultado de los análisis técnicos realizados sobre el proyecto de 'código procesal unificado para las materias no penales' elaborado por la comisión de asesores de la Legislatura Provincial y que fuera remitido como 'documento consolidado' a nuestra institución hace aproximadamente unos veinte días.

 En el anexo que acompaña a esta presentación se encontrará un compendio ordenado por materias y no por orden de artículos del mencionado proyecto, en el que han trabajado numerosos colegas matriculados en este colegio, que dejaron de lado sus tiempos y compromisos personales para aplicarse rápidamente al estudio profundo del proyecto recibido en el corto período de tiempo que se nos otorgara.

 En efecto, no podemos dejar pasar por alto y advertir lo acotado de la participación que se ha dado a los colegios de abogados de la provincia del Neuquén, tanto en los aspectos temporales como materiales, cuando de modo expreso la ley 685 en una sabia normativa del legislador provincial, ha previsto una activa colaboración de estas instituciones en legislación como la que aquí se trata.

 Ese acotamiento contrasta notablemente con la amplia participación que se concedió a estas mismas instituciones públicas al momento de elaborarse y sancionarse el nuevo código procesal penal para nuestra provincia.

 Es que no es un simple dictamen elaborado en tiempos de apuro lo que ha previsto el legislador en los artículos 29 y 33 de la ley 685, sino una verdadera colaboración especializada para el mejoramiento de la legislación, en el carácter de personas de derecho público provincial que aglutinan no sólo a quienes han estudiado la abogacía como carrera universitaria, sino también a quienes ya como abogados en ejercicio, cotidianamente ejercen la profesión y conocen -por vivirlo cada día- el funcionamiento del servicio estatal de justicia en la Provincia del Neuquén.

En tal sentido, no debe perderse de vista que no estamos aquí ante un proyecto legislativo que nos afecte de modo exclusivo como abogados -como podría ser un proyecto de ley que nos impacte tributariamente- sino frente a una modificación integral de la normativa procesal que regula el modo como los ciudadanos dirimen sus conflictos ante la justicia provincial.

 Y precisamente, los abogados somos quienes representamos individualmente a los ciudadanos frente a ese órgano estatal, sea mediante el patrocinio letrado o a través de la representación que otorga el contrato de mandato.

 Si se deseaba acometer entonces una reforma de semejante magnitud sobre las reglas procesales vigentes, entendemos respetuosamente que no sólo se debía integrar las comisiones de estudio con quienes están obligados a prestar el servicio estatal que se regula (poder judicial), sino también con quienes representan a la ciudadanía neuquina como destinataria del mismo.

 Ello es natural y por eso el legislador ya lo previó en la ley 685 hace muchos años. Y nuestra ausencia notoria en esa comisión, no se salva en absoluto con un simple pedido de dictamen con plazo perentorio como el que hemos recibido hace unos días.

 Queremos significar con ello, que en absoluto esta presentación y la del dictamen anexo puede ser considerada convalidatoria de la normativa que en definitiva se dicte, ni que de algún modo nuestro colegio de abogados esté aceptando su exclusión como partícipe esencial en la elaboración de este tipo de leyes; insistimos, aquí cerca en el tiempo, para la sanción del código procesal penal vigente, la participación que se nos otorgó fue muy distinta y mucho más amplia.

 No obstante lo apuntado, no convalidar que para la elaboración de este proyecto sólo se haya convocado a los prestadores del servicio estatal dejando de lado a quienes representamos a sus destinatarios (la ciudadanía), en absoluto implica que frente a la reducida posibilidad que ahora se nos otorga, no asumamos de modo franco y honesto nuestra responsabilidad de pronunciarnos sobre el proyecto.

 En tan solo unos pocos días este colegio formó de urgencia una comisión extraordinaria para el análisis de la reforma, coordinada por la directora del Instituto de Derecho Procesal, que se integró espontáneamente por numerosos colegas de diversas especialidades del derecho, efectuó un primer análisis general de la normativa, se reunió regularmente durante las últimas dos semanas, se distribuyó la temática incluida y elaboró por último el dictamen que se adjunta, abarcativo de la mayor parte del proyecto.

 De lo expuesto hasta aquí y de las conclusiones técnicas que pueden extraerse del dictamen que se acompaña, consideramos que:

           (i) El proyecto recibido no podría ser sancionado como ley bajo el texto analizado, porque el mismo no sólo que no mejoraría las condiciones actuales del servicio estatal de justicia, sino que las empeoraría notablemente sumiendo a la ciudadanía neuquina en una grave situación de inseguridad e incertidumbre acerca de la normativa procesal que regula la actuación de la justicia.

           (ii) Las disposiciones del proyecto analizado son claramente contrarias a las previsiones contenidas en los pactos internacionales suscriptos por nuestro país, así como a la Constitución Nacional. A modo genérico decimos que este proyecto vulnera los preceptos contenidos en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y arts. 18 y 19 -entre otros- de nuestra Constitución Nacional, en cuanto (a) el debido proceso, receptado por nuestro artículo 18 CN, significando la obligación de preservar las garantías que hacen al mismo y la carga por parte de los organismos jurisdiccionales de fundar sus decisiones, (b) igualdad ante la ley, en cuanto a que "todas las personas sean iguales ante los tribunales y las cortes de justicia" (artículo 14.1, PIDCP); es decir, independientemente de su condición personal, el tratamiento del justiciable no admite diferenciaciones por razones económicas, sociales, religiosas y/o política.

           (iii) El proyecto analizado, en numerosas disposiciones tampoco se compadece con las exigencias constitucionales de la doble instancia (conforme art. 8 inc. H); ni con el diverso tratamiento sustancial que desde la constitución se otorga a las distintas materias que se pretende regular (civil, comercial, consumidor, laboral, familia, etc.). Asimismo, confiere una excesiva delegación reglamentaria a favor del Tribunal Superior de Justicia que traspasa los límites del artículo 12; 238 y 240 inciso c' de la constitución provincial; en tal sentido, el órgano jurisdiccional del estado es quien aplica la normativa legislativa referida al proceso, pero no quien la dicta, pues ésta no tiene la naturaleza del 'reglamento interno' habilitado por el artículo 240 inciso c' de la constitución vigente.

           (iv) Lo dicho en los puntos que anteceden, más la prescindencia absoluta de la normativa sustancial vigente (civil, comercial y laboral) y la falta generalizada de una sistemática lógica y ordenada en el texto, asícomo su terminología ambigua y lejana a nuestra tradición, nos convence de que los escasos tiempos que se proyectan para su sanción (mes de noviembre del corriente año 2015 en curso), resulten siempre insuficientes para cualquier adecuación o mejoramiento del proyecto analizado. 

          (v) El dato positivo que podemos hallar en la actividad desplegada y en el texto recibido es sólo eventual y a futuro: que el mismo sirva de disparador de una verdadera reforma procesal en donde el camino a recorrerse sea el inverso al que aquí se ha andado; primero la discusión y decisión de las cuestiones esenciales (qué tipo de juez queremos en el proceso según la materia, cómo se incorpora la oralidad prevista por el artículo 238 de la constitución provincial, cómo se incorporan los elementos de las nuevas tecnologías al proceso, etc.) y recién después el armado sistemático y lógico de un articulado que resulte coherente con aquel primer paso. Y por último, una reforma procesal donde la ciudadanía -como destinataria del servicio estatal que se pretende regular- no resulte excluida de la actividad de elaboración y diseño de la normativa que finalmente resulte; de lo contrario, se tratará de una pura actividad endogámica indiferente a las necesidades verdaderas de la población neuquina.

Quedamos siempre a disposición para esta actividad y para cualquier ampliación, verbal o escrita, de los dictámenes aquí presentados.

Sin más, saludamos con atenta consideración.-

Firmado:  

Ana Karina Rojo- Secretario CAyPN   -   Gastón Rambeaud - Presidente CAyPN.

Leer el  texto completo del  Dictamen.